Las lecciones que nos dejó el terremoto de 1976

El 4 de febrero de 1976, un devastador terremoto de magnitud 7.5 sacudió Guatemala, dejando un profundo impacto en la infraestructura del país y en la vida de sus habitantes. Este desastre no solo causó la muerte de más de 23,000 personas y dejó sin hogar a miles, sino que también expuso graves falencias en la gestión de riesgos y la alta vulnerabilidad de nuestro país. Casi medio siglo después, ese fatídico día sigue siendo un recordatorio crucial de la importancia de fortalecer nuestro sistema de reducción de desastres. A medida que nos acercamos a la conmemoración de esta trágica fecha, debemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los avances realizados en la reducción del riesgo de desastres en Guatemala, una tarea aún en curso y de vital importancia para el futuro del país.

Fotógrafo no identificado, dominio público, vía Wikimedia Commons

Uno de los desafíos más significativos en la gestión de desastres en Guatemala es el desconocimiento generalizado, que afecta tanto a la población como, lamentablemente, a muchas autoridades, incluidos alcaldes, gobernadores, ministros y hasta a varios presidentes de la República. A menudo, se percibe a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) como una entidad de respuesta a emergencias y distribuidora de asistencia humanitaria, una interpretación completamente errónea de su mandato legal. De acuerdo con su ley fundacional, una de las principales responsabilidades de CONRED es "establecer una cultura en reducción de desastres". Esto implica trabajar proactivamente en programas de preparación comunitaria. Estas acciones son esenciales para fomentar una sociedad más resiliente y consciente de los riesgos a los que está expuesta.

Es crucial entender que amenaza y riesgo son dos conceptos distintos que no deben confundirse. Una amenaza, como un terremoto, es un evento de origen natural o provocado que potencialmente puede causar daño, pero no tiene inevitablemente qué desencadenar un desastre. El riesgo, en cambio, es el potencial de pérdidas y daños que resulta de la interacción entre esta amenaza y la vulnerabilidad de una sociedad—su infraestructura, economía y el bienestar de sus habitantes. Por lo tanto, reducir el riesgo de desastres implica minimizar estas vulnerabilidades y mejorar la capacidad de respuesta y adaptación, promoviendo así un desarrollo más resiliente y sostenible. En Guatemala, invertir en la reducción del riesgo de desastres es fundamental, ya que permite que las comunidades no solo sobrevivan, sino que prosperen ante futuras catástrofes.

Fuente: Elaboración propia.

Regresando a las lecciones del terremoto de 1976, una de las mayores debilidades que tenía Guatemala era la falta de un código de construcción adecuado a las condiciones sísmicas del país. Afortunadamente, gracias al esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales, muchos de ellos con reconocido prestigio internacional y miembros de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES), la Cámara Guatemalteca de la Construcción, y el Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, se logró un avance significativo. Entre 2010 y 2013, cuando yo desempeñaba el cargo de Secretario Ejecutivo de CONRED, emitimos las Normas para la Reducción de Desastres 1, 2 y 3, que representan el estado del arte en materia de códigos de construcción. Aunque la aplicación de estas normas es obligatoria, aún queda mucho trabajo por hacer. Es indispensable que las instituciones del Estado den el ejemplo aplicándolas rigurosamente. También es urgente que se implementen programas para preparar y capacitar a los ingenieros, arquitectos, maestros de obra, albañiles y otras autoridades en su comprensión y aplicación, para asegurar una infraestructura más resiliente y segura ante desastres.

NRD1: Normas de Seguridad Estructural, AGIES

Como signataria del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, Guatemala tiene el compromiso de adoptar un enfoque más proactivo en la gestión de riesgos de desastres. Esto implica una inversión significativa en la investigación científica no solo de las amenazas naturales, sino también, y más importante, de las vulnerabilidades específicas del país. Además, es fundamental fomentar una gobernanza robusta que pueda coordinar efectivamente las políticas de prevención y mitigación. Implementar programas de formación que eduquen y preparen a todos los niveles de la sociedad es crucial para construir una comunidad más resiliente. Estos esfuerzos colectivos son esenciales para asegurar que el país no solo responda de manera efectiva a los desastres, si no que también los prevenga y mitigue sus impactos de manera estratégica y sostenida.

Fotógrafo no identificado, dominio público, vía Wikimedia Commons

La Ley de CONRED y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 comparten múltiples prioridades, enfocadas en fortalecer la resiliencia de las naciones ante desastres naturales y provocados. La Ley de CONRED estipula explícitamente la necesidad de establecer los mecanismos y los procedimientos para la reducción de desastres, la organización y capacitación comunitaria, la elaboración de planes de emergencia y estrategias para el restablecimiento de servicios post-desastre. Estas acciones resuenan con las prioridades del Marco de Sendai, que incluyen la comprensión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de la gobernanza para gestionar dicho riesgo, la inversión en la reducción del riesgo para la resiliencia y la mejora de la preparación para una respuesta eficaz.

En este contexto, es imperativo que Guatemala no solo alinee sus políticas con estas normativas internacionales, sino que también equipe adecuadamente a CONRED y a las instituciones del sistema con las herramientas necesarias para una gestión integral del riesgo a desastres. Esto implica una inversión constante en tecnología, formación y recursos que permitan una evaluación precisa de las amenazas y vulnerabilidades, y la implementación de estrategias efectivas que mitiguen los impactos adversos de los desastres sobre la población y el desarrollo económico del país. Además, es esencial que CONRED cuente con personal técnico y profesional del más alto nivel, cuya experticia y capacitación sean clave para liderar y ejecutar efectivamente estas estrategias de prevención y mitigación. Así, Guatemala puede asegurar no solo una respuesta efectiva ante emergencias, sino también una preparación proactiva que contribuya a un desarrollo sostenible y seguro para todas sus comunidades.

Los desastres, como el terremoto del 76, han demostrado repetidamente que su impacto trasciende las pérdidas de vidas humanas y los daños materiales. Constituyen un obstáculo significativo para el desarrollo económico y social, y en ocasiones, pueden representar un retroceso considerable en el progreso alcanzado por un país. Además, los desastres tienen profundas consecuencias políticas, pues pueden influir en la estabilidad gubernamental y en la confianza de los ciudadanos hacia sus líderes y sistemas de protección civil. Por ello, es crucial que Guatemala aprenda de las lecciones del pasado y establezca una política efectiva de gestión integral del riesgo a desastres. Implementar estrategias proactivas y bien estructuradas no solo es esencial para minimizar los efectos de futuras catástrofes, sino también para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo en el largo plazo.