Guatemala es uno de los países más vulnerables de la región frente a desastres de origen natural y socio-natural. Este no es un descubrimiento reciente ni una exageración técnica: es una realidad conocida, documentada y reiteradamente confirmada por la experiencia. Sin embargo, medio siglo después del terremoto de 1976, la pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿por qué, sabiendo todo lo que sabemos, seguimos siendo tan vulnerables?

La respuesta es clara, aunque políticamente incómoda: la vulnerabilidad en Guatemala no es inevitable; es el resultado de decisiones —y omisiones— políticas acumuladas durante décadas.

He sostenido durante años que el desarrollo del país está indisolublemente ligado a la gestión del riesgo de desastres. No puede haber desarrollo sostenible en un país que permite que millones de personas vivan y trabajen en condiciones estructuralmente inseguras, expuestas permanentemente a amenazas conocidas. La gestión del riesgo no es un tema técnico marginal ni una función secundaria del Estado: es una responsabilidad central de la política pública.

Durante casi trece años de servicio como Secretario Ejecutivo de la CONRED, se estableció como prioridad estratégica la reducción de la vulnerabilidad del país. En ese período, con el apoyo de aliados clave como la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES), el Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, universidades, expertos nacionales e internacionales y múltiples organizaciones, se impulsaron avances significativos. Entre ellos, la formulación y oficialización de las Normas para la Reducción de Desastres, una herramienta técnica fundamental para construir de manera más segura y responsable.

Estos avances demostraron que cuando el Estado asume el tema con seriedad, los resultados son posibles. Sin embargo, también dejaron en evidencia una verdad incómoda: las normas, por sí solas, no reducen la vulnerabilidad.

Guatemala ha caído reiteradamente en la ilusión de que la emisión de leyes, reglamentos y políticas públicas equivale a su implementación efectiva. La realidad es otra. La vulnerabilidad no se reduce “por decreto” en un país marcado por la pobreza estructural, la desigualdad extrema, la exclusión histórica, el déficit crónico de vivienda digna, la informalidad urbana y rural, y la ocupación desordenada —y muchas veces forzada— del territorio.

A esto se suma una debilidad persistente del Estado para hacer cumplir su propia normativa. No basta con tener buenas reglas si no existen las competencias, capacidades técnicas, recursos financieros y mecanismos de control necesarios para aplicarlas. En muchos casos, la falta de cumplimiento no es accidental: responde a tolerancias políticas, intereses económicos y una cultura institucional que prioriza lo inmediato sobre lo estructural.

El resultado es conocido: el riesgo se normaliza, la prevención se posterga y los desastres se convierten en tragedias “anunciadas”. Cada evento extremo vuelve a evidenciar las mismas fallas: asentamientos en zonas de alto riesgo, infraestructura pública vulnerable, escuelas y hospitales inseguros, y una respuesta estatal que sigue siendo, en gran medida, reactiva.

Conmemorar los 50 años del terremoto de 1976 no debería limitarse a actos simbólicos ni a discursos conmemorativos. Debería obligarnos a una reflexión política profunda sobre el tipo de Estado que hemos construido —y el que no hemos querido construir— en materia de gestión del riesgo.

El mayor riesgo que enfrenta hoy Guatemala no es el próximo terremoto, la próxima erupción o la próxima tormenta tropical. El mayor riesgo es seguir aceptando la vulnerabilidad como algo “normal”, como un daño colateral del desarrollo o, peor aún, como un fenómeno natural inevitable.

La gestión del riesgo de desastres exige decisiones políticas firmes: integrar el riesgo en la planificación del desarrollo, en el ordenamiento territorial, en la inversión pública, en la política de vivienda y en la infraestructura crítica; fortalecer instituciones, garantizar continuidad de políticas más allá de los ciclos electorales y asumir que reducir la vulnerabilidad es una cuestión de justicia social y de responsabilidad del Estado.

Cincuenta años después del terremoto de 1976, Guatemala ya no puede alegar desconocimiento. Sabemos dónde están los riesgos, sabemos qué funciona y sabemos qué no. Lo que ha faltado no es conocimiento técnico, sino voluntad política sostenida.

La historia ya nos dio la lección. Persistir en ignorarla no sería una tragedia natural, sino una decisión política.