Se sabe que los derechos fundamentales son los que recoge nuestra Constitución, siendo la principal proteger la vida y las propiedades de las personas. Por esa razón es que todos los guatemaltecos y los extranjeros que viven en el país, deben preocuparse por aquellas situaciones que ponen en peligro esos bienes humanos. Así como existe una preocupación mundial por el medio ambiente, eso se debe a que no es posible una logística aislada o sea solamente de gobierno. Ese es un asunto nacional y regional que debe merecer el máximo apoyo de todos los habitantes del país y de todos los operadores del Estado. El problema ha sido planteado en diferentes foros internacionales y se han emitido declaraciones muy serias y muy solemnes, pero lo que se necesita es avanzar en pasos hacia su efectividad. Demos el margen necesario a las autoridades para que cumplan su mandato constitucional, pero también debe entenderse que para atender la prevención de los fenómenos de pueden causar desastres se necesita del consenso político, porque eso debe comprometer a todas las agrupaciones, sin medir ni enarbolar banderas de partido o de ideologías.

El Reporte Mundial del Riesgo 2,014 publicado por la Universidad de Naciones Unidas es devastador. Guatemala es el cuarto país del mundo con mayor riesgo a desastres con un índice de riesgo del 20.68%. En otras palabras, un poco más de una de cada cinco personas está en riesgo de ser víctima de un desastre. Este dato se ve corroborado por las estadísticas del Sistema de Manejo de Información en Caso de Emergencia o Desastre –SISMICEDE- de la CONRED y los mapas de riesgo que año con año viene publicando y distribuyendo la CONRED.

El alto grado de vulnerabilidad de nuestro país se traduce en pérdida de vidas humanas, cuantiosos daños materiales y en el retroceso en nuestros procesos de desarrollo haciendo virtualmente imposible alcanzar nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Los desastres tienen un impacto directo y negativo en los tres componentes fundamentales del desarrollo sostenible. Son innegables los efectos sociales, económicos y ambientales de los desastres.

De lo anterior podemos sacar tres importantes conclusiones: 1) La gestión integral para la reducción del riesgo de desastres debe ser una prioridad del Estado, 2) El desarrollo del país está directamente vinculado con el impacto de los desastres y 3) Se debe actuar con urgencia y decisión para minimizar esta problemática.

Para responder esta pregunta, y luego de haber planteado la problemática, es necesario también hablar un poco de lo que ya se ha hecho y de lo que se debería hacer de aquí en adelante.

El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, recientemente adoptado y del que Guatemala es signatario establece cuatro prioridades: 1) comprender el riesgo de desastres, 2) fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, 3) invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 4) aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

Guatemala ha avanzado considerablemente en la primera prioridad y ya contamos con detallados mapas de riesgo para amenazas tales como inundaciones, deslizamientos, actividad volcánica y sismos. Además contamos con una Política Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y una Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo. Contamos con sofisticados y avanzados sistemas de información geográfica y modelos matemáticos.

También hemos avanzado bastante en la cuarta prioridad. Los sistemas de alerta temprana de la CONRED son extremadamente efectivos al grado de ser modelo para toda la región centroamericana y en lugares tan remotos como Mozambique. Desde el año 2,001 Guatemala cuenta con el mejor Centro de Operaciones de Emergencia de la región, centros de operaciones de emergencia móviles, sistemas de comunicación y hasta una flotilla de drones (debidamente registrados en la Dirección General de Aeronáutica Civil). Nuestro Marco de Recuperación también es considerado como del mejores del mundo. Guatemala también cuenta con bodegas y centros de logística para asistencia humanitaria en la ciudad capital, Escuintla, Quetzaltenango y Zacapa.

Otra de las áreas en las que hemos avanzado mucho es en el tema de normativas, específicamente las cuatro normas para la reducción de desastres –NRD- actualmente vigentes y de cumplimiento obligatorio.

En materia de la segunda prioridad, desde hace muchos años funciona con mucho éxito la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo. Además se ha venido capacitando y fortaleciendo a las Coordinadoras Locales, Municipales y Departamentales.

Aunque es cierto que han nos hace falta mucho camino por recorrer en las prioridades 1, 2 y 4 del marco de Sendai, el verdadero reto está en la tercera prioridad, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

Lo que debemos hacer es darle continuidad a los programas y planes ya establecidos, incluyendo los de fortalecimiento institucional; instruir al Ministerio de Finanzas para que incluya la gestión del riesgo en el presupuesto del Estado y convertir la gestión del riesgo en una prioridad nacional.

De manera que analizando el gran desafío que tiene el país para articular esas políticas preventivas, las autoridades deberían contar en principio con confianza de que le darán impulso a la prevención, y que todos los demás, los que nos movemos en las agrupaciones de la sociedad civil y en las académicas, también tengamos nuestro grado de responsabilidad e interés en la prevención, aportando ideas y, desde luego, pagando nuestros impuestos de los cuales se desprenda una cuota importante para hacer lo que dice fácilmente la gente: "es mejor prever, que curar".

Ing. Alejandro Maldonado Lutomirsky

DR3 Consulting

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